Las restricciones generan desequilibro y unos sectores se ven más afectados que otros, lo que genera incertidumbre para las inversiones a largo plazo, señaló la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que solicitó al gobierno reconsiderar su política de fijación de precios y cupos a los derivados de soya en el mercado interno pese al estado de emergencia de los avicultores.

Sin estas restricciones habrá un equilibro entre los actores y libertad en lo referente a la cantidad de contratos entre productores y consumidores, según la principal institución agropecuaria de Santa Cruz.

Reinaldo Díaz, presidente de la CAO, señaló que está claro que el sistema no funciona, perjudica, genera desequilibrios y no deja contento a nadie de los actores de la cadena agropecuaria, integrada por los productores primarios, la industria y los compradores de derivados de soya.

“No es correcto que con el pretexto del abastecimiento del mercado interno que no llega al 30% de la producción, se pretenda castigar al productor agrícola en un momento en el que después de 5 años el precio de la soya empieza a recuperarse y aparece como un aliciente para paliar en parte las deudas rezagadas que dejaron anteriormente precios bajos y malas cosechas”, recalcó Díaz, al leer el comunicado institucional.

Anteriormente la Asociación Nacional de Avicultores de Bolivia ANA y la Federación Nacional de Avicultores FENAV, revelaron su preocupación por la crítica situación que atravesaba el sector avícola del país, debido a la carestía de subproductos derivados de la soya, que es usada en la elaboración de alimento para las aves.

Ricardo Alandia, el presidente de ANA, dijo que la industria argumentó el retraso en las programaciones, suspensión de ventas, reducción de volúmenes, problemas en la codificación de clientes asignados y en la logística operativa para los despachos y que los recortes son justificados en las asignaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Edgar Sandoval, el presidente de FENAV, puso en claro que agotaron todas las instancias para lograr que se respete la asignación de cupos y la banda de precios para los subproductos derivados de la soya fijada por el Gobierno el pasado 24 de diciembre de 2020, a través de la Resolución Biministerial Nº 010.2020.

Explicaron que las aceiteras deben entregar unas 32 mil toneladas mensuales de harina de soya a los avicultores y productores pecuarios a un precio de 295 dólares, unos 200 dólares menos que los precios a nivel internacional.

Los dirigentes destacaron que existía el eminente riesgo de perjudicar la seguridad alimentaria a causa de la indolencia de las industrias aceiteras; por tanto, se declararon en el estado de emergencia de la pecuaria nacional.

Según Sandoval, el abastecimiento de subproductos derivados de la soya no llega ni al 40% del requerido por los avicultores para la producción de alimentos. “Solicitamos el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente y principalmente exigimos que se garantice el correcto, suficiente y permanente abastecimiento de subproductos de la soya para la producción de alimentos”, finalizó.

La CAO pide reconsiderar los cupos y franja de precios

La Resolución Biministerial Nº 010.2020, fijada el 24 de diciembre de 2020, obliga la asignación de cupos y la banda de precios para los subproductos derivados de la soya.