“Se ha planteado que recién a partir del 1 de enero del 2021 los deudores pagarían a las entidades financieras”, señaló el diputado Víctor Borda, tras explicar que la normativa vigente ha tenido diversas interpretaciones generan do confusión entre los clientes del sistema financiero.

De inmediato, los gremios empresariales que agrupan a las entidades de intermediación financiera expresaron su preocupación. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) considera que dicho proyecto de “pone en riesgo la solidez y solvencia del sistema financiero nacional”, que constituyen un pilar fundamental de la salud de la economía boliviana.

Se anota que la nueva norma limita, de forma considerable, la capacidad de la banca para apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias en la presente coyuntura.

Los banqueros explican que durante las últimas semanas sus entidades afiliadas vienen atendiendo, y continuará haciéndolo de forma favorable, las solicitudes de diferimiento y reprogramación de aquellos prestatarios que, producto de la emergencia sanitaria, debido a la pandemia del COVID 19 tienen dificultades en cumplir con sus obligaciones.

La Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin), que agrupa a entidades que prestan servicios financieros a los sectores de la micro y pequeña empresa boliviana, señala que dicho proyecto “pone en riesgo al sistema microfinanciero y arriesga el bienestar y la posibilidad de mejora de la calidad de vida de miles de bolivianos, afectando la posibilidad de tener empleo y retrasando la necesaria reactivación económica”.

Subraya que dicho proyecto afectará negativamente a más de 2,8 millones de bolivianos a quienes llegan los servicios de las entidades microfinancieras. Se advierte además sobre “el daño que provocará a la solvencia y sostenibilidad del sistema financiero en su conjunto”.

La entidad recuerda que desde su creación la banca de microfinanzas bolivianas protege los ahorros de los micro y pequeños empresarios y les otorga préstamos bajo tecnología crediticia de prudencia y exitosamente probada durante los últimos treinta años, habiendo atendido a más de 700.000 prestatarios de créditos.

La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL), que agrupa a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) reguladas por ASFI, pide la suspensión del tratamiento de tal proyecto pues no está respaldado por ningún estudio técnico ni por los actores del sistema financiero nacional como lo establecen las normas.

Se indica que esta iniciativa legislativa pone en riesgo a todas las Instituciones Financieras dedicadas a las microfinanzas y, en consecuencia, el posible incumplimiento de mandatos constitucionales, al dejar desprotegido a todo el sector rural y periurbano en el cual se atiende a más de 500.000 clientes.

Inquieta diferimiento de créditos

La aprobación de un proyecto de ley que difiere al 31 de diciembre el pago de los créditos contraídos con el sistema financiero ha causado inquietud entre las entidades de intermediación financiera.