HACIA UNA NORMALIDAD “MEJOR”

Ambos organismos subrayan que la crisis del coronavirus ha expuesto con especial crudeza el costo de la informalidad y de la desigualdad en los mercados laborales de América Latina, por lo que se hace necesaria una gestión participativa de la seguridad y salud laboral con el aporte de empleadores y trabajadores.

Se remarca la posibilidad de que a corto y medio plazo el mundo no se mueva hacia un escenario laboral pospandemia, sino hacia un escenario laboral con pandemia permanente.

Por tal razón, “la seguridad y la salud en el trabajo deberán adquirir una nueva dimensión, pasando de un paradigma tradicional centrado en gestionar los riesgos laborales para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a un nuevo paradigma en el que la contención del virus y la salud laboral serán, además, condición sine qua non para garantizar la supervivencia de las empresas.

El documento señala que, junto al aumento de la desocupación, se prevé que la crisis del coronavirus contribuya a un marcado deterioro de la calidad del empleo. El trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, según estimaciones de la OIT.

Muchos de estos trabajadores no tienen acceso a servicios de salud de calidad y, dadas las características de su trabajo, están más expuestos al contagio. Sus ingresos son generalmente bajos, por lo que cuentan con una capacidad de ahorro limitada para hacer frente a períodos prolongados de inactividad. Tampoco disponen de mecanismos de sustitución de ingresos, como los seguros de desempleo, que generalmente están vinculados al trabajo formal.

Esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y el logro de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La CEPAL estima que para 2020 la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019.

Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces al 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema al 13% (83,4 millones de personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos los países de la región, con incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6%.