Gobierno aprueba tres Leyes para pretender parar la crisis

Una de las leyes aprobadas es el Reintegro del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) que establece la restitución en efectivo de un 5% a las personas que ganen menos de 9.000 bolivianos.

Otra de las leyes aprobadas es el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que se aplicará de forma anual a aquellas personas que tengan un patrimonio de más 30 millones de bolivianos. Donde el Servicio de Impuestos Nacionales deberá guardar la confidencialidad.

“Estas dos normas mejoran la política redistributiva del ingreso como la progresividad del sistema tributario boliviano, que son el precedente de mayor justicia social”, explicó Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas.

La tercera norma aprobada es la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) que priorizará inversión pública con 4.011 millones de dólares que, según las autoridades el Gobierno, ayudará a la recuperación económica, empezando de la reducción del déficit fiscal.

Mencionan que habrá una inyección de Bs 500 millones para las empresas públicas, que según el ministro Montenegro son “el motor de la economía nacional”.

Ambas autoridades coincidieron que las tres normas ayudarán a la recuperación económica, que -según Arce- fue golpeada por la pandemia y las erróneas medidas aplicadas por el Gobierno de la expresidente Añez.

En la línea de desmontar un modelo neoliberal, dijo el mandatario, que uno de los pilares de estas normas es reactivar la demanda pública, que ya se está ejecutando mediante la entrega del Bono Contra el Hambre, y la restitución en efectivo del IVA.

Otro elemento que añadió a su discurso fue que se reactivará la producción de las empresas mediante el incentivo para la sustitución de las importaciones. Aunque no señaló la forma de negociación con empresarios.

Uno de los elementos polémicos, el del impuesto a las grandes fortunas, para el presidente solo busca mejorar el sistema tributario, en el sentido que los que ganan más tributaran más y los que ganan menos pagarán menos.

Por último, ambas autoridades del Gobierno señalaron que se tienen garantizados los recursos para la compra de vacunas contra el coronavirus, que según ellos, que no tenía previsto el anterior régimen.