“Estamos modificando algunos decretos porque tenemos que ser autocríticos. Los resultados no han sido los esperados y necesitamos en este momento incorporar reservas, incorporar volúmenes de producción de gas natural”.

Frente a la realidad de los números que indican que las reservas probadas de gas natural están en los 8, 95 Trillón de Pies Cúbicos (TCF) cifra que progresivamente se viene reduciendo sin reposición. El Gobierno reconoció que el actual marco jurídico no tuvo la capacidad para aumentar las reservas gasíferas, ni los volúmenes de producción.

Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos, mencionó que ambos aspectos son necesarios para el país y por ello, sostuvo que es necesario modernizar la Ley 3058, toda vez según su criterio, en los últimos años no se logró un incremento de las reservas, lo que hace necesario repensar todo el marco normativo, incluyendo la Ley de Incentivos y otros reglamentos que necesariamente deben ser modificados para atraer inversión.

“Modificamos algunos decretos porque tenemos que ser autocríticos. Los resultados no han sido los esperados y necesitamos en este momento incorporar reservas, incorporar volúmenes de producción de gas natural”, señaló Molina al remarcar que la modernización de la Ley 3058 busca una reducción en la importación de crudo y por ello se está impulsando el proyecto de producción de diésel renovable.

La preocupación del Ejecutivo es principalmente, porque según las proyecciones elaboradas por Gas Energy Latin América (GELA), con los datos actuales, es posible llegar a un déficit energético a partir de 2025; donde las importaciones, de líquidos, sean mayores que las exportaciones de gas natural.

El estudio manifiesta que los ingresos por exportación de gas en 2019 llegaron a 2.580 millones de dólares, mientras que las importaciones de combustibles (diésel y gasolina) alcanzaron los 1.426 millones.

Mientras que, en 2020 las ventas por gas natural le reportan al país ingresos por 1.664 millones de dólares y egresos que suman 558 millones de dólares, debido a la crisis por la pandemia y los precios bajos de los hidrocarburos. Tendencia que irá cambiando debido a que las exportaciones, desde 2021 a 2024 se van a mantener congeladas en los 1.255 millones de dólares, mientras los valores de compra de combustible líquido gradualmente se van a ir incrementando. Para 2025 y 2026 las importaciones de gasolina y diésel se van a desmarcar con valores de 1.019 millones de dólares y 1.113 millones de dólares; respectivamente, frente a las exportaciones, que no van a superar los 465 millones de dólares.

Los Indicadores hicieron que Molina admitiera que la situación de los hidrocarburos, en materia de gas, no es precisamente una de las mejores debido a que los megacampos gasíferos del país se encuentran en proceso de declinación.

“Los campos como Sábalo, San Alberto, Margarita, están en una fase de declinación natural, por lo que es importante y necesario incrementar no solamente la producción, sino también las reservas de gas, para poder cumplir con nuestras obligaciones y así desarrollar nuestra política energética”, dijo Molina.

En Foto:Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos

Según datos de GELA, en la actualidad hay cuatro pozos exploratorios que se encuentran en perforación (Ñancahuazú X1, Boicobo X1, Sopotindi X1 y Caranda X1005) y se tiene programado iniciar la perforación de otros seis entre 2021 y 2022. Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), en ocasión del ‘Seminario: Hidrocarburos en América Latina-Retos para superar la dependencia’, dijo que la caída de la producción surge porque la norma boliviana, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, no establece la obligatoriedad de reemplazo de reservas por parte de las empresas operadoras.

Expertos y especialistas en reiteradas oportunidades observaron que la Ley 3058 es obsoleta y que ya no responde a las actuales necesidades del país y del mercado energético que está mutando de los combustibles no renovables a otras alternativas más limpias y con mejores márgenes de ganancia.

Coinciden que la nueva Ley debe ser menos burocrática en los tiempos para aprobar los contratos, deben ser más ágiles y no tardar meses como sucede en la actualidad, un aspecto que desanima a cualquier inversor. El ministro Molina también mencionó que los contratos deben presentarse dos veces en la Asamblea.

“La claridad de la norma es fundamental para evitar malos entendidos por resoluciones aclaratorias que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas, cuando en esta actividad tan técnica y de altas inversiones, lo que se necesita es claridad y certidumbre”, aclaró Molina.

Otro elemento a analizar es el nuevo marco jurídico, donde debe dejar bien claro el lugar y la participación de YPFB, ya que en la actualidad la estatal petrolera es juez y parte, debiendo ser la Agencia Nacional de Hidrocarburos la encargada de fiscalizar y no YPFB.

Recientemente la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley 151/2020-2021 que modifica el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de gas natural en el área Charagua (Santa Cruz), con un potencial calculado de 2,1 TCF.

“YPFB Chaco S.A., subsidiaria de YPFB Corporación, participará en ese importante proyecto con el objetivo de estimular la reposición de reservas y garantizar el suministro de gas natural al mercado interno y el cumplimiento de los contratos de exportación”, indicaron desde el Ministerio de Hidrocarburos.

Gobierno admite fracaso

Urge nueva Ley de hidrocarburos para aumentar reservas de gas y aumentar volúmenes de producción