Víctor Hugo Añez, el director nacional de la ABT y los alcaldes de San Ignacio, San Miguel, San Rafael, Concepción, Roboré, San Javier y Ascensión de Guarayos acordaron la aplicación de normas de bioseguridad para reanudar las actividades forestales a la brevedad posible.

Julio Alvis, alcalde de San Rafael, dijo que esa reactivación es de extremada urgencia para la región chiquitana, cuya economía fue golpeada en el último año por sequías, incendios forestales, conflictos sociales y políticos y, recientemente, por la pandemia del coronavirus.

El burgomaestre resaltó el potencial forestal de la Chiquitanía. “Por ejemplo, San Rafael cuenta con un área de al menos un millón de hectáreas que, según el Plan de Uso de Suelo (PLUS), el 80% está definido para producción forestal permanente”.

Mencionó también que es importante que el sector realice la reconversión tecnológica, aunque aclaró que sin el apoyo del Gobierno será difícil la reactivación y el cambio deseado.

Alvis, considera que el plan de reactivación sectorial debe incluir la búsqueda de mercados externos para la exportación de madera por parte del Estado, incluyendo valor agregado, porque ese será un factor que dinamizará la actividad forestal. Sugirió que el Estado mismo debe convertirse en demandante de productos maderables para el equipamiento de instituciones como unidades educativas y entidades públicas.

Los operadores forestales están listos para iniciar la zafra maderera 2020 y pretenden alcanzar un aprovechamiento superior al millón de metros cúbicos dijo el gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Jorge Ávila.

El sector forestal está en situación crítica por la disminución de la demanda interna debido a la creciente importación de muebles, acotó el ejecutivo de la CFB.

FORESTALES PIDEN $US 300 MILLONES