El documento indica que las empresas con mayores perspectivas de resiliencia son las grandes y medianas empresas, frente a las microempresas. Pesan en ese resultado componente tales como el acceso al crédito, el uso de tecnología, la propiedad del espacio donde operan, el peso de sus costos fijos y la productividad laboral.

Esas son precisamente las mayores debilidades de las microempresas. El hecho de no contar con establecimientos propios hace que las microempresas sean más proclives a cerrar sus negocios en caso de enfrentar una disminución de sus ingresos y no poder afrontar el pago de las rentas de sus locales de operación.

El reporte fue elaborado en base a encuestas empresariales.

Las empresas peruanas podían resistir un promedio de 56 días de paralización de sus actividades con sus reservas de liquidez. La mitad de las empresas peruanas tenía capacidad para afrontar 38 días de paralización, en tanto que para una cuarta parte de ellas ese tiempo mera de 30 días.

Las empresas grandes podían resistir una media de 41 días y las pequeñas menos de 20 días. Los sectores más vulnerables son los de pesca, agroindustria, manufacturas, construcción y restaurantes.

En Ecuador, la resistencia promedio es de 36 días de paralización. La mitad podía resistir 28 días sin operaciones y un cuarto de las compañías podía hacerlo solamente ocho días. La gran empresa ecuatoriana podía resistir 37 días, en tanto que el límite para la microempresa era de 30 días. Las actividades más vulnerables son las de servicios, electricidad, agua y manufactura.

En Bolivia se refuerza la tendencia. Las compañías más preparadas son las grandes. A mayor distancia y con menos grado de preparación están las medianas y pequeñas, mientras que las microempresas presentan un elevado índice negativo en tal preparación.

El informe indica que estos cortos períodos de resistencia de las empresas justifican la implementación de políticas públicas de ayuda financiera para sobrellevar los días de inactividad. Ese apoyo es clave en asuntos tales como la flexibilización de las regulaciones laborales, de modo de permitir a las empresas disminuir sus costos fijos frente a situaciones de crisis, y la promoción de la formalización empresarial, de la innovación y el acceso a financiamiento por parte de un espectro mayor de la demografía empresarial.

Dado que en el escenario posterior a la Covid-19 se producirá una reconfiguración de las cadenas de valor mundiales, las empresas están obligadas a diversificar su gama de proveedores, como parte de las estrategias para mitigar los riesgos.

La tecnología será el motor del crecimiento en el mundo post Covid-19, al tiempo que la capacidad de innovación y la rápida adopción tecnológica constituirán la nueva norma para el accionar empresarial. Parece evidente que las firmas deben moverse hacia la digitalización de sus ventas, sus operaciones y sus órdenes de compras, así como hacia la automatización de sus procesos internos.

Por esto, las políticas gubernamentales deben poner el énfasis en facilitar la innovación y promover el descubrimiento de actividades emergentes y la transformación de los negocios, subraya el BID.

Empresas poco preparadas