EMERGENCIA TRIBUTARIA. RECAUDAR SIN ASFIXIAR

Las unidades productivas requieren medidas tributarias de mayor aliento como un diferimiento de pagos, condonaciones de multas, disminución de alícuotas o perdonazos que contribuyan a la recuperación de las empresas en el corto y mediano plazo. Lo ideal es que sean disposiciones enmarcadas en una política tributaria integral y no medidas aisladas.

Sería recomendable que en esa perspectiva sea considerada la eventual creación del impuesto a la riqueza o al patrimonio que ha propuesto el nuevo gobierno y cuyas características aún son desconocidas, lo que está provocando cierta incertidumbre entre los agentes económicos. Se ignora si el nuevo tributo será permanente o transitorio y si se aplicará a las grandes fortunas o al patrimonio. Una decisión no planificada corre riesgo de estimular la migración de los capitales necesarios para dinamizar la economía, sobre todo si no incluye exenciones e incentivos que estimulen nuevas inversiones.

Baker Tilly. Por la salud de las empresas

Ante la crisis económica, “habrá que crear nuevos planes de ayuda para preservar la salud de las empresas. No solo inyectar dinero a través de deuda sino mejorar las condiciones de esa deuda: mejores plazos, mejor tasa y una gestión más ágil”, señala Fernando Villazón, Socio Principal en Bolivia de la firma de asesoría empresarial Baker Tilly.

Sugiere evaluar la posibilidad de aprobar condonaciones de cargos accesorios a las deudas tributarias. Esto podría complementarse con modificaciones a la normativa tributaria vigente como la disminución de las alícuotas al IVA y al IUE.

“Lo peor sería presionar a las empresas para que paguen sus tributos”, cuando muchas de ellas no pueden ni pagar sueldos, dijo. “Si tengo una empresa deudora que está agonizando, no puedo apretarle el cuello para que me pague. Debo esperar a que su situación mejore pues, si quiebra, no me podrá pagar”, explica gráficamente.

Las empresas no pagaron sus impuestos porque no pudieron operar durante la pandemia, las ventas cayeron, muchos servicios comprometidos se cancelaron. Aunque recibieron algunas ventajas tributarias para solventar parcialmente la crisis, las medidas no fueron suficientes.

“Las empresas privadas generan empleo y sin empleo estamos condenados a vivir del Estado”, reflexiona, al anotar que el sector privado no solo está integrado por grandes compañías sino también por pequeñas y medianas unidades productivas que requieren alicientes tributarios para salir a flote.

Sobre la eventual creación de un impuesto a la riqueza, considera necesario conocer las condiciones, ventajas y desventajas y cómo será reglamentado para poder determinar sus efectos en la economía nacional.

“Agregar impuestos o incrementar tasas no equivale necesariamente a una mayor recaudación, más bien podría tener efectos adversos” advirtió, señalando que los denominados “ricos”, a quienes se tiende a satanizar, son los que invierten, crean empresas y generan empleo. Por esto, gravar la riqueza podría desalentar a los inversores y generar la migración de capitales a países que ofrezcan mejores condiciones, lo que profundizaría la crisis.

Ernst & Young. Política tributaria integral

Bolivia requiere una política tributaria integral que sea un elemento efectivo para un Pacto Fiscal, a través del cual se defina cómo se recauda, cómo se distribuyen los recursos y cuál será su mejor destino para dinamizar la economía, opina Juan Pablo Vargas, Socio del Departamento de Impuestos y Legal de Ernst & Young en Bolivia.

Dijo que durante la pandemia el gobierno interino emitió Decretos de alivio que se ajustaron tanto a la emergencia sanitaria como a la realidad política. Varios de ellos concluyen en 2020. La falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo impidió la aprobación de leyes que hubiesen otorgado facilidades más amplias y permanentes como un plan de regulación tributaria, que aún radica en el parlamento.

“Con la nueva conformación del gobierno y el nuevo Órgano Legislativo, las cosas pueden facilitarse en cuanto a la posibilidad de emitir normas de mayor jerarquía y que tengan un impacto más importante”, acotó Vargas, al precisar que la reformulación de los planes de pago impositivos o la reprogramación de cuotas deben definirse mediante leyes.

Precisó que “la medida que generará un mayor impacto fue la creación del Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General”, que no tiene fecha inmediata de caducidad.

Señala que la creación de nuevos impuestos, la disminución de tasas o la aprobación de beneficios de alivio deben responder a una política tributaria integral y a un detallado cálculo macroeconómico.

Vargas dice que no hay aún suficientes elementos para valorar el anunciado impuesto a las grandes fortunas. Empero, recomienda distinguir entre un tributo a la riqueza (grandes fortunas), que suele orientarse a atender una necesidad específica y tiene aplicación transitoria; y un tributo al patrimonio (bienes personales) que grava montos menores pero es de aplicación permanente por su potencial recaudador.

Advierte que, cuando se grava la riqueza se corre riesgo de alentar la fuga de capitales lo mermaría dinámica a la economía. Por esto, muchos países aplican exenciones cuando se invierte localmente para generar riqueza.

KPMG. Incentivos impositivos en tiempos de crisis

La aprobación de incentivos tributarios, disminución de cargas impositivas, creación de nuevos tributos y la administración y distribución de recaudación son tareas complejas para reactivar una economía. “En una dura crisis económica, los impuestos pueden impulsar una economía o ser parte de las debacles. La clave es construir una política tributaria más eficiente y equitativa”, sostiene Carola Jáuregui, socia líder de Impuestos de KPMG en Bolivia.

Durante la pandemia fueron aprobadas medidas que postergaron los vencimientos como un alivio al estrés de las fechas perentorias y otras que permitían una reducción del pago de tributos como alivio impositivo.

Merece destacarse la modificación temporal de la base imponible del IT, tribuya que incorrectamente este impuesto se paga sobre el ingreso facturado (incluyendo IVA). “Lamentablemente esta medida de corrección fue temporal” anota la entrevistada.

Indicó que el anuncio de creación de un impuesto a la riqueza de las personas individuales causa preocupación e incertidumbre. Confía en que se enmarcará en los principios fundamentales del derecho tributario, en especial el de capacidad contributiva.

Sería recomendable “que tenga como base la medición de la riqueza gravando al patrimonio neto, es decir que tome en cuenta bienes y activos netos de deudas y obligaciones y que no recaiga únicamente sobre los activos”.

Jáuregui agrega que, “si bien el impuesto a la riqueza pretende fortalecer los ingresos públicos, no debe desincentivar la inversión privada, porque será importante que estimule la inversión en sectores estratégicos, mediante la disminución o exención del impuesto para quienes demuestren nuevas inversiones”.

Ante la desaceleración de la economía, los problemas de flujo de caja y la precaria condición financiera de muchas empresas, es imperativo pensar en nuevas alternativas de incentivo a la inversión de ciertos sectores productivos, como medidas reales y efectivas para combatir el contrabando, y la implementación de normas que cubran vacíos legales de operaciones que actualmente quedan exentas por falta de normativa, concluye.