ASAMBLEA PERJUDICA EMISIÓN SOBERANA

“La Asamblea nos ha impedido tener ingresos por 20.000 millones de bolivianos, 10.000 millones en créditos internacionales y otro tanto que lamentablemente no hemos podido obtener por otra Ley que aprobó la Asamblea y que generó incertidumbre sobre los bonos que iba a emitir Bolivia en el exterior”, dijo la autoridad.

Señaló que ante el bloqueo financiero que se ejerce desde el Poder Legislativo, el gobierno busca financiamiento a nivel interno, a un costo superior que el que pagaría por los créditos internacionales.

El erario público registra además una caída de 20.000 millones de bolivianos por la caída de ingresos relacionada con la paralización de las actividades económicas. “Por lo tanto, el país tiene 40.000 millones menos de ingresos que lo íbamos a tener en nuestra administración este año”, remarcó el titular de Economía.

Ortiz compareció ante la Comisión parlamentaria de Economía Plural para explicar los programas de reactivación económica que impulsa el gobierno y aprovechó la oportunidad para pedir la aprobación de algunas leyes que contribuirían a impulsar la economía.

Una de ellas es la Ley de alivio tributario autoriza a municipios, gobernaciones y universidades públicas a utilizar los recursos del IDH para gasto corriente. Esto ante la emergencia de la disminución de sus ingresos, lo que no les permiten afrontar sus gastos de forma normal.

Otra ley pendiente es la que permite el diferimiento de las cuotas del FNDR para lo cual el Ministerio de Economía ha comunicado a municipios y gobernaciones que por 30 días no realizará los débitos correspondiente a tales cuotas.

La liberación de los recursos congelados por la Asamblea Legislativa es imprescindible para atender las necesidades de salud, para ayudar a la reactivación de la economía y de los empleos y para financiar el déficit del Estado tanto el que se heredó de la anterior administración, como por el generado como efecto de la pandemia, anotó Ortiz.

La autoridad confía en que se viabilice el reciente crédito del BID por 130 millones de dólares para el financiamiento a la pequeña y mediana empresa en condiciones favorables.