En los levantiscos, la euforia inicial se ha ido apagando. Las consignas ya no suenan con la misma fuerza. En el gobierno, los discursos ya no producen el mismo entusiasmo. En las ciudades tomadas de rehenes, empieza a mostrarse la resignación.

Poco a poco, la realidad ha comenzado a imponerse sobre las narrativas. Y cuando eso ocurre, las preguntas cambian.

Al principio se discutía quién tenía razón. Después la pregunta era quién ganaría la pulseta. Hoy comienza a instalarse una indeseada interrogante: ¿quién decepcionó más a los bolivianos?

Los primeros decepcionados parecen ser quienes participaron de las movilizaciones convencidos de que asistían a una batalla decisiva. Durante semanas se les habló de resistencia y defensa ante una transformación política inminente. Se les aseguró que enfrentaban a un gobierno neoliberal dispuesto a privatizar empresas públicas, entregar los recursos naturales al imperialismo y desmontar las conquistas sociales acumuladas durante los últimos veinte años.

Sin embargo, la realidad parece haber seguido otro camino.

Lejos de impulsar privatizaciones, el gobierno ha reiterado una y otra vez que no privatizará ninguna empresa estatal. Ha mantenido subsidios, ha preservado estructuras heredadas del anterior modelo populista -incluyendo la más perniciosa: el Poder Judicial- y ha mostrado una permanente disposición a negociar con los movimientos sociales. Contrariamente a lo que sostienen los sectores movilizados, muchos de sus críticos le reprochan precisamente la ausencia de reformas profundas.

Por eso resulta cada vez más difícil sostener la idea de que Bolivia se encuentra ante una ofensiva liberal destinada a desmontar el llamado “proceso de cambio”.

La decepción también alcanza a todos los que, desde ambos bandos, apoyaron al actual presidente.

Durante la campaña se escucharon promesas de transformación, recuperación económica, modernización y soluciones para una crisis que ya entonces mostraba señales alarmantes.

Hoy resulta legítimo preguntarse si aquellas promesas expresaban convicciones profundas o si respondían a una práctica cada vez más frecuente en la política contemporánea: decirle a cada elector exactamente lo que desea escuchar.

Porque durante la campaña casi todos escucharon lo que querían escuchar.

Los defensores del modelo estatista creyeron que nada cambiaría. Los liberales creyeron que todo cambiaría. Los sectores corporativos imaginaron que conservarían sus privilegios. Y los ciudadanos llanos entendieron que habría crecimiento, estabilidad y orden.

Muchos ciudadanos se entusiasmaron al interpretar esas propuestas como el anuncio de un nuevo rumbo para el país. El inicio de la gestión presidencial llegó a sumar incluso el apoyo de los que no le dieron su voto.

La realidad terminó siendo bastante menos generosa con todos.

A ello se suma la sensación de debilidad que el gobierno ha transmitido durante buena parte de la crisis. Las imágenes de policías y militares avanzando al amparo de banderas blancas frente a grupos armados con dinamita, difícilmente proyectan autoridad. Menos aún las de un ministro que, sin atribuciones para la defensa armada, comandó una operación fracasada y terminó huyendo apresuradamente.

Las negociaciones interminables, las concesiones sucesivas y las señales contradictorias han alimentado una percepción de incertidumbre que tampoco contribuye a fortalecer la confianza pública.

Tal vez el eslabón más débil ha sido la comunicación. Desde el inicio ha sido contradictoria y deficiente. Esa falencia impregnó también los discursos presidenciales que, plagados de anécdotas familiares, en lugar de transmitir certidumbre terminaron alimentando el desencanto. Parecieron fuera de sintonía con la gravedad de la situación y la angustia general.

Quizás por eso la discusión sobre un eventual estado de excepción prácticamente ha perdido fuerza en el debate nacional. No porque los problemas hayan sido resueltos, sino porque cada vez son menos los que creen que el gobierno esté dispuesto a ejercer plenamente las facultades que la Constitución le otorga, para preservar el orden público y garantizar la libre circulación de los ciudadanos.

De hecho, pocos se sorprenderían si el conflicto terminara con algún acuerdo explícito o implícito que comprometa al gobierno a no adoptar ninguna medida que pueda ser presentada como liberal o neoliberal, para tranquilizar a los sectores movilizados.

Aunque se trate de una paradoja notable, a estas alturas podría considerarse un desenlace perfectamente posible.

Semanas de bloqueos, pérdidas económicas, enfrentamientos y sufrimiento para terminar concluyendo que nada esencial debe cambiar.

Los sectores más radicalizados no han logrado demostrar que enfrentaban a un gobierno neoliberal.

El gobierno tampoco ha logrado demostrar que está dispuesto a transformar sustancialmente el modelo económico heredado.

Y mientras ambas narrativas se desgastan, la sociedad entera contempla cómo se evapora la confianza.

Porque los movilizados comienzan a descubrir que el enemigo que les prometieron combatir parece existir más en las consignas del bloqueo que en las decisiones gubernamentales.

Y muchos ciudadanos empiezan a sospechar que algunas de las promesas de cambio existían más en los discursos electorales que en las decisiones de gobierno.

Por eso resulta difícil encontrar vencedores.

Los bloqueadores se empiezan a cuestionar si tanto sacrificio perseguía realmente los fines patrióticos proclamados, o si simplemente se trata de facilitar el retorno y preservar la impunidad de quienes perdieron el poder, frente a la amenaza que hoy pesa sobre prácticas y beneficios que durante mucho tiempo parecieron intocables.

Por su parte, el gobierno deberá explicar por qué, después de tantos meses de gestión, sigue siendo difícil distinguir dónde termina el antiguo modelo y dónde comienza el nuevo.

Mientras tanto, el comerciante cuenta pérdidas. El transportista calcula los días inmovilizados. El productor intenta recuperar mercancías dañadas. El trabajador comprueba que el costo de vida continúa aumentando. Y las verdaderas víctimas se suman entre los que perdieron la vida por falta de medicamentos o de atención oportuna.

Ellos son quienes han pagado la factura del conflicto.

Y quizás por eso la palabra que mejor describe el momento actual no sea victoria, derrota ni resistencia; es decepción.

La decepción de quienes confiaron en los que prometieron demasiado.

La decepción de quienes creyeron demasiado.

Y la decepción de un país entero que sigue esperando que sus verdaderos problemas tengan respuestas que todavía no llegan.

Todos decepcionados

Después de semanas de bloqueos, enfrentamientos, desabastecimiento, amenazas y desgaste económico, Bolivia parece acercarse a una etapa distinta del conflicto.