El Gobierno boliviano tiene dos contratos en agenda con miras a apuntalar la explotación del litio potosino, uno con una empresa china y otro con una firma rusa; sin embargo, desde diferentes sectores cuestionan la conveniencia de los proyectos por aspectos que pasan por lo jurídico, lo económico y lo ambiental.

Este jueves 13 de febrero, el Gobierno nacional convocó a la institucionalidad potosina con miras a socializar el contrato alcanzado con la empresa china CBC, mismo que está en agenda de la Cámara de Diputados, a lo que se suma también un proyecto de ley del litio.

Con el contrato de asociación accidental entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la firma rusa Uranium One Group, Joint-Stock Company Sucursal Bolivia, se prevé implementar una planta industrial para la producción de 14.000 toneladas métricas por año (tm/a) de carbonato de litio, en tres fases, con una inversión de más de $us 975 millones. Actualmente, este contrato está en la agenda de la Comisión de Planificación de la Cámara Baja.

Mientras que con el contrato de servicios con el consorcio chino CBC, YLB prevé implementar dos plantas industriales, cada una en dos fases, una con capacidad de 25.000 tm/a y otra de 10.000 tm/a, con una inversión de $us 1.030 millones.

*Observaciones*

Los contratos firmados para construir, implementar y desarrollar plantas de extracción directa de litio y carbonato de litio en el salar de Uyuni no son ventajosos para Bolivia, especialmente porque el riesgo lo asume el Estado nacional y no el inversionista, según la Fundación Milenio, desde donde los califican de "incompletos, confusos e incongruentes".

Si bien desde el Gobierno señala queblas críticas tienen un tinte político, diferentes instituciones están en alerta por esta situación y rechazan la aprobación de los documentos que están en mano de diferentes instancias del Legislativo.

"A pesar de que las empresas contratadas no han demostrado tener experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías de EDL que pretenden implementar, se les asigna la zona más rica en concentración de litio del salar de Uyuni, lo que podría condicionar o limitar la futura participación de otras empresas con mayor experiencia en los procesos de extracción del litio", reza el análisis de Milenio.

Además, se observa que YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización.

Por otra parte, según el análisis, existe una incongruencia en los costos de inversión, ya que la planta de Uranium presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2.4 veces más alta que la del contrato con CBC, sin que se ofrezca una explicación clara.

"Los contratos no incluyen de manera adecuada aspectos ambientales cruciales, como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, la energía utilizada, el manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar", establece otras de las observaciones de Milenio.

Del mismo modo, no contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas, a pesar de que las afectaciones a fuentes de agua dulce tendrán lugar dentro de la TCO Ñor Lípez.

Por último, los contratos imponen restricciones que dificultan un futuro incremento de las regalías mineras (3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores, siendo este asunto uno de los más sensibles y que detonaron movilizaciones multisectoriales en Potosí.

¿Son los contratos del litio ventajosos para Bolivia?

En medio de las protestas de la institucionalidad potosina, el Gobierno apunta a socializar los contratos que tiene en agenda. Mientras que la Fundación Milenio también emitió sus criterios