No bloquean caminos ni incendian edificios. Destruyen algo más difícil de reconstruir: la convivencia entre personas que deben compartir un mismo país.

Una de ellas ha vuelto a aparecer con fuerza en Bolivia.

Es la idea de que existen bolivianos que son los verdaderos dueños de esta tierra y otros que apenas serían parte de una invasión, herederos de una apropiación indebida, ocupantes tolerados o beneficiarios de una usurpación histórica.

La idea adopta formas y discursos distintos, pero conduce al mismo lugar. Divide a los bolivianos entre propietarios e invasores.

Es una construcción política. Porque cuando alguien se convence de que posee un derecho superior sobre un territorio, inevitablemente termina considerando que otros tienen menos derecho a habitarlo, y mucho menos a gobernarlo o decidir sobre su destino.

Este planteamiento niega que la ciudadanía descanse en la igualdad ante la ley y proclama que depende del origen, la sangre, la identidad o la pertenencia a un determinado grupo.

El adversario político deja de ser un ciudadano con ideas distintas. Se transforma en un extraño. En un intruso. En alguien cuya presencia se presenta como ilegítima.

Después de la apuesta integradora que representó la alianza de clases de la Revolución Nacional, volvió a sembrarse la cizaña de la división. Aparecieron los enfrentamientos regionales. Más tarde llegaron las divisiones culturales y étnicas. La idea de una sola nación fue desplazada por una narrativa que puso el acento en la fragmentación identitaria y en la existencia de 36 naciones diferenciadas. Hoy pretenden convencernos de que la verdadera frontera separa a los propietarios de los invasores.

El resultado ha sido más resentimiento, más desconfianza, más distancia entre bolivianos y menos nación.

Esta narrativa no surge por casualidad. Fue parte de una estrategia para destruir la ciudadanía compartida por identidades enfrentadas.

La confrontación identitaria posee una enorme utilidad política. Permite movilizar agravios, consolidar lealtades y mantener vivo un conflicto que nunca termina de resolverse porque necesita permanecer latente para seguir siendo útil.

Por eso algunos dirigentes insisten una y otra vez en presentar los problemas políticos como enfrentamientos raciales.

Por eso reaparecen discursos que hablan de indígenas contra mestizos, de originarios contra colonizadores o de dueños contra invasores.

Buscan dividir al país.

La realidad boliviana es mucho más compleja. Somos el resultado de siglos de mezclas, migraciones y encuentros. Millones de bolivianos poseen raíces indígenas, europeas, africanas, árabes o una combinación de todas ellas. Las familias y las regiones están atravesadas por ese mestizaje.

Pretender dividir hoy a Bolivia entre propietarios e invasores no sólo es intelectualmente insostenible. Es profundamente irresponsable.

Porque si se acepta que algunos ciudadanos son más legítimos que otros, la igualdad deja de existir. Y cuando desaparece la igualdad ante la ley, la democracia se hace inútil, impracticable.

Las diferencias políticas pueden resolverse mediante elecciones. Las diferencias económicas pueden resolverse mediante acuerdos. Pero las fracturas identitarias son mucho más difíciles de resolver y transmiten resentimientos de una generación a otra.

Por eso debemos rechazar con firmeza cualquier intento de convertir la política en una disputa racial.

Bolivia necesita más ciudadanía, no más tribus.

Necesita construir una comunidad nacional donde cada persona tenga exactamente los mismos derechos que cualquier otra, sin importar su apellido, el color de su piel, su origen familiar o el lugar donde nació.

Porque el día en que aceptemos que algunos bolivianos son propietarios y otros invasores, habremos dejado de discutir quién gobierna para comenzar a discutir a quién pertenece la patria.

Y ese es el camino más corto hacia la fragmentación de Bolivia.

Propietarios e invasores

Hay ideas que terminan siendo más peligrosas que las propias armas.