La ruta del carbono: la propuesta para que Bolivia ingrese al mercado climático global

Bolivia posee uno de los patrimonios naturales más importantes de la región. Con cerca de 50 millones de hectáreas de bosques, el país cuenta con un capital ambiental que podría jugar un rol clave en la lucha global contra el cambio climático. Sin embargo, ese potencial aún no se traduce en un mercado activo de carbono capaz de atraer inversión internacional y generar desarrollo sostenible.

Para Juan Claudio de Oliva Maya, CEO y fundador de Green Cloud, el país se encuentra frente a una coyuntura decisiva. Según explica, Bolivia tiene las condiciones naturales para participar activamente en el mercado global de carbono, pero aún enfrenta desafíos regulatorios y estructurales que limitan su desarrollo.

En ese marco, De Oliva impulsa la iniciativa “Ruta Carbono Bolivia”, una hoja de ruta estratégica que busca sentar las bases para el desarrollo de un mercado de carbono en el país. El proyecto propone una implementación progresiva que combina habilitación normativa, generación de proyectos piloto y alineación con estándares internacionales, con el objetivo de integrar a Bolivia al mercado climático global de forma competitiva y transparente.

“Desde mi experiencia, siento que estamos, sin duda, ante una oportunidad histórica que no está siendo aprovechada”, afirma.

De acuerdo con el especialista, la vasta extensión de bosques del país representa un activo estratégico para la mitigación del cambio climático. Sin embargo, la falta de un mercado nacional estructurado convierte ese potencial en una oportunidad todavía no materializada.

“Nuestra extensión de territorio y bosques representa un capital natural inmenso para la mitigación del cambio climático. Sin embargo, la ausencia de un mercado activo en Bolivia convierte esta oportunidad en un espejismo que aún no se está realizando”, señala.

Mientras Bolivia avanza lentamente en este ámbito, otros países de la región ya han logrado consolidar marcos regulatorios y atraer inversiones para proyectos climáticos. Perú, Colombia y Brasil son algunos de los ejemplos más cercanos.

“Hoy ese valor lo están captando principalmente países vecinos como Perú, Colombia o Brasil. Cuando una empresa busca proyectos de carbono para compensar sus emisiones, normalmente elige países con marcos regulatorios claros y predecibles”, explica.

Ante este escenario, De Oliva plantea la necesidad de construir una “ruta del carbono”, una propuesta orientada a establecer una hoja de ruta que permita al país desarrollar un mercado funcional en el corto plazo.

“La ruta del carbono es, en términos simples, un plan estratégico para que Bolivia pueda desarrollar un mercado de carbono compatible internacionalmente. Es el mapa que permitiría vender los resultados de nuestros esfuerzos de mitigación climática”, sostiene.

La propuesta plantea un proceso de aproximadamente 18 meses para consolidar este mercado, combinando ajustes regulatorios con el desarrollo de proyectos piloto y el fortalecimiento de un marco legal que brinde seguridad a los inversionistas.

En el fondo, se trata de transformar la capacidad natural del país en un motor económico vinculado a la sostenibilidad.

“Lo que buscamos es que Bolivia pueda vender por primera vez los resultados de su mitigación climática, conservando bosques o desarrollando proyectos que reduzcan emisiones, y que esos recursos vuelvan al país para fortalecer la protección ambiental y el desarrollo sostenible”, explica.

No obstante, el desarrollo de este mercado también enfrenta riesgos. Uno de los más relevantes es la proliferación de iniciativas poco transparentes o mal estructuradas que prometen compensaciones climáticas sin cumplir estándares internacionales.

En ese contexto, De Oliva advierte sobre la presencia de lo que denomina “piratas del carbono”.

“Hay muchos piratas del carbono y mucho greenwashing. Básicamente son iniciativas que venden certificados sin tener bases sólidas ni verificaciones independientes”, afirma.

Según explica, estos proyectos suelen ofrecer compensaciones rápidas y aparentemente simples, pero sin garantizar que las reducciones de emisiones sean reales o permanentes.

“Son proyectos vacíos que no necesariamente aseguran la permanencia a largo plazo ni cumplen con estándares internacionales. Te venden la idea de que compensar es simplemente pagar, cuando en realidad la prioridad siempre debe ser reducir emisiones”, agrega.

Para evitar estos riesgos, el especialista plantea que cualquier desarrollo del mercado boliviano debe basarse en principios técnicos sólidos, entre ellos la adicionalidad, la permanencia de las reducciones, sistemas independientes de medición y verificación, y transparencia en los resultados.

Solo bajo estas condiciones, sostiene, será posible generar confianza en los mercados internacionales y atraer inversión de largo plazo.

Más allá del carbono en sí mismo, el especialista considera que el verdadero valor de estos proyectos está en su capacidad de integrar múltiples beneficios ambientales y sociales.

“Tenemos que ver la oportunidad del carbono más allá del carbono”, afirma.

Los ecosistemas, explica, generan servicios fundamentales como la regulación hídrica, la fertilidad del suelo o la prevención de desastres naturales, además de beneficios económicos y sociales para las comunidades que habitan en estos territorios.

“Los servicios ecosistémicos proveen beneficios directos e indirectos. Si logramos integrar a las comunidades en estos proyectos y asegurar su permanencia en el tiempo, el impacto económico y social es real”, señala.

En ese sentido, el desarrollo de un mercado de carbono no solo representaría una herramienta climática, sino también una oportunidad para impulsar nuevos modelos de desarrollo basados en la conservación, la innovación y la sostenibilidad.

Para De Oliva, el desafío principal es avanzar hacia un marco institucional que permita al país aprovechar su capital natural de forma estratégica.

De lo contrario, advierte, Bolivia corre el riesgo de seguir observando cómo otros países capitalizan un mercado global que podría alcanzar dimensiones cada vez mayores en las próximas décadas.

“El mercado voluntario de carbono hoy ronda los 2.000 millones de dólares y se proyecta que crezca de forma significativa en los próximos años. Bolivia debería estar preparada para formar parte de ese escenario”, concluye.