Tras el período de bonanza de las materias de primas y para mantener el ritmo de crecimiento, el país acudió no sólo a las reservas internacionales sino que ingresó a un acelerado ritmo de contratación de deuda pública. Bolivia cerró la gestión 2019 con una deuda externa de 11.267 millones de dólares.

Hoy, “la crisis sanitaria está demandando un rol activo de la política fiscal a fin de atenuar los impactos sociales y económicos, todo indica que las transferencias de recursos a la población, el impulso de subvenciones, ambas focalizadas, y el fortalecimiento del sistema de salud en distintos niveles son medidas que deben ser asumidas en el corto plazo, en ese marco, es necesario identificar fuentes de financiamiento que posibiliten asumir estas medidas”, indica el CEDLA.

Desde esa perspectiva, se afirma que el servicio de la deuda externa impide al Estado disponer de recursos públicos que podrían orientarse a atenuar los efectos generados por el COVID-19. La suspensión del pago de deuda otorgaría liquidez al Estado para sostener sus acciones contra la epidemia. En los últimos tres años, por concepto de servicio de deuda se ha pagado 581 millones de dólares (2017), 692 millones de dólares (2018) y 786 millones de dólares (2019).

El CEDLA señala que, según proyecciones del BCB, para el 2020 se estima cancelar a los acreedores externos la suma de 822 millones de dólares (454 millones por capital y 367 millones por intereses). La suspensión de este pago podría fortalecer enormemente el gasto público.

Ante los urgentes requerimientos financieros de la actual emergencia, es muy probable que el gobierno opte por un mayor endeudamiento. De ser así, la nueva deuda externa debería gestionarse en condiciones concesionales.

Los organismos multilaterales han generado líneas de financiamiento para que los países dispongan de liquidez en el corto plazo para hacer frente a la crisis sanitaria en sus dos vertientes: reforzar las medidas de salud y fortalecer las políticas que atenúen el impacto económico y reactiven el aparato productivo.

Por el momento, Bolivia ha buscado apoyo internacional bajo la figura de donaciones y nuevo endeudamiento externo. Recibió donaciones por 1,4 millones de dólares de parte de Francia, PNUD, KFW, Fonplata y la CAF. Asimismo, se benefició con dos créditos, uno del FMI por 327 millones de dólares y otro de la CAF por 50 millones, para atender la emergencia.

En un escenario de inevitable nuevo endeudamiento, Bolivia debe buscar préstamos en condiciones concesionales, lo que no resulta fácil porque dejó de ser un país de ingresos bajos y pasó a la categoría de países de ingresos medios. Esto le limita el acceso a créditos concesionales, por lo tanto se requerirá se modifiquen los criterios de acceso a financiamiento concesional para países de renta media. A diciembre de 2019, una quinta parte de la deuda boliviana estaba en condiciones concesionales.

A esa concesionalidad, debería sumarse la transparencia sobre esos préstamos y la fiscalización del nuevo endeudamiento.

Un gasto público creciente, una economía frenada, un espacio fiscal reducido producto de la disminución o estancamiento de recursos públicos configura un espacio fiscal frágil y mermado para hacer frente a los desafíos de desarrollo. Por eso, la condonación de deuda cobra relevancia para las economías latinoamericanas.

El Club de Paris, el BM y el FMI han llamado a todos los acreedores bilaterales oficiales a suspender los pagos de la deuda de los países de la AIF que soliciten período de gracia. Aunque ningún país de América del Sur se beneficia de esa medida sería recomendable que la región haga esfuerzos colectivos para demandar un beneficio similar.

En ese marco, hablar nuevamente de “alivio de deuda” es una necesidad que deberá inscribirse en la agenda de mediano plazo, a fin de “garantizar que ningún país pobre soporte una carga de la deuda que no pueda manejar”. El mecanismo de alivio de deuda externa pública es un medio que se ha utilizado, por Bolivia y otros países, en distintos momentos para mejorar la situación de la deuda.

PERFIL DEL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL CORONAVIRUS