El contrabando es un problema que perjudica en gran medida al sector farmacéutico en el país. A pesar de que existe una normativa e instituciones reguladoras, todavía no se han podido concretar acciones eficaces para eliminarlo de raíz.

De acuerdo al libro de Gonzalo Vidaurre, ''El negocio de la muerte, comercio informal de medicamentos en Bolivia'', editado por el IBCE, el contrabando de fármacos representa entre el 18% al 21% del total de las ventas de la industria farmacéutica en el mercado interno.

Lamentablemente, los efectos que conlleva esta permisividad implican, en términos macroeconómicos, una pérdida de crecimiento del PIB en, aproximadamente, 0,2%; una destrucción de empleos cercana a 1100 fuentes de trabajo cada año; y una evasión impositiva que bordea los 15 millones de dólares. De acuerdo a un modelo de previsión macroeconómica desarrollado para este estudio, se produce una pérdida del 18% en el volumen de producción de la industria, 14% en el valor agregado y 11% en el empleo.

Adicionalmente, el PIB industrial se reduce en 1%. Esta situación, casi incontrolable, es preocupante para todos los actores de la industria. Por ejemplo, los productores nacionales indican que, en promedio, el contrabando de medicamentos oscila entre un mínimo de 18% a un máximo de 25% del total de sus ventas. Por su parte, los importadores reportan un promedio de 20% del total de sus ventas.

De acuerdo a una observación realizada para la investigación de Vidaurre, los medicamentos falsificados se venden, en su mayoría, en zonas alejadas donde existen establecimientos que combinan venta de fármacos con otros productos.

Lamentablemente, en las ciudades de La Paz y El Alto, por ejemplo, la fiscalización se torna difícil porque no hay un censo de establecimientos farmacéuticos, lo que dificulta conocer cuántos operan legalmente.

Aunque la norma dispone de registro sanitario obligatorio, esto sólo se cumple y controla en los comercios habilitados, visibles y claramente identificados. Lo contrario ocurre, justamente, en los lugares donde se hace distribución de medicamentos de contrabando, que son conglomerados populares de comercio, zonas más alejadas de las urbes y mercados populares.

Adicionalmente, esta investigación también se concentró en determinar la demanda de medicamentos, a través de una encuesta a consumidores. Los resultados señalan que las preferencias se inclinan por antigripales, antidiarreicos, analgésicos, antibióticos, antinflamatorios, antihistamínicos y antidepresivos.

Sin embargo, como indican informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de otras organizaciones, son este tipo de medicinas las más propensas a ser falsificadas o de contrabando.

''El 47% de los consumidores entrevistados compra medicamentos en cadenas de farmacias, 35% en las farmacias del barrio y el 16% compra remedios de vendedores ambulantes, tiendas y otros lugares. También se advirtió que un 2% realiza compras por Internet y un 24% lo hace con una receta médica'', revela la publicación.

Además, el origen del medicamento es desconocido para el 70% de los consumidores y sólo el 30% afirma que sí tiene conocimiento de ello. Esto supone que en el momento de la compra no se pregunta si el producto es nacional o importado.

Del total de personas encuestadas, un 76% indica que sí conoce que existe falsificación de estos productos, mientras que un 12% no sabe de este tipo de actividades.

''El 21% de los consumidores indica desconocer que los fármacos podrían ser de contrabando, lo que significa una proporción elevada que ignora que el producto que podría comprar puede ser ilegal. Con respecto a la identificación de un medicamento falsificado o de contrabando, el 56% de los entrevistados indica que sí puede identificarlo, contra un 44% que señala que no. En este caso, un 44% es un porcentaje significativo'', señala el documento.

La lucha del mercado formal de medicamentos contra el contrabando