En el último quinquenio, el Fondo de Incentivo para los Hidrocarburos acumuló 524 millones de dólares de gobernaciones, municipios, universidades y otros beneficiarios.

La Fundación sostiene que la reposición al 100% de esos recursos confiscados debe permitir avanzar hacia la actualización del sistema de educación de acuerdo con las nuevas tecnologías de información, contribuir a proyectos de ciencia e innovación tecnológica para la lucha contra la Covid–19 en las universidades públicas del país, además de aportar a la sostenibilidad de la Renta Dignidad.

El Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) fue creado con el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para estimular la exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo la Ley de Hidrocarburos N° 3058, dispuso que este dinero fuera destinado a financiar la inversión y gasto público en los sectores de salud y educación, que, como ha quedado evidenciado en la actual coyuntura, se encuentran en un estado precario.

En su momento, varias instituciones de la sociedad civil recomendaron que el financiamiento para el FPIEEH provenga de la participación de YPFB en la ganancia de los Contratos de Operación, concepto por el cual la empresa petrolera estatal recibió cerca de 6.000 millones de dólares desde el año 2007, sin que exista normativa alguna que regule su uso y destino.

Ante la delicada situación por la que atraviesa el sector hidrocarburos, distinta entidades han planteado la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos, la institucionalización de YPFB, la apertura de nuevos mercados para el gas natural, la definición de una nuevo régimen fiscal para el negocio petrolero y el uso de la renta de los hidrocarburos para la diversificación económica y la transición energética.

INSUFICIENTE DEVOLUCIÓN DEL IDH