Tal susceptibilidad tiene sobrados fundamentos. El Estado no es precisamente el mejor administrador de más de 70 empresas públicas, en su mayoría ineficientes y deficitarias, regentadas por militantes del partido de gobierno y cuya existencia está ligada a contratos con instituciones públicas y no a una posición competitiva en el mercado.

Además, somos testigos del errático manejo estatal de la crisis de los dólares, con autoridades que ocultan información sobre las reservas internacionales y con operaciones (venta de DEGS) que se develaron a través de terceros.

Aunque desde el oficialismo se argumenta que la Constitución Política garantiza la correcta administración de los recursos previsionales, hace pocos años, un ex presidente no tuvo escrúpulos en violar la Carta Magna para buscar una reelección, prohibida constitucionalmente y rechazada en las urnas por la ciudadanía.

Esto muestra que los “candados” constitucionales pueden ser violentados cuando el poder político lo desea.

Jaime Durán, gerente general de la Gestora, aseguró que se trabaja arduamente para ganar la confianza de la población. Para él, cualquier intento de interpretar o romper los preceptos constitucionales es inaceptable. Citó el artículo 45, párrafo 6 de la Ley 065, que establece que los servicios de seguridad social no pueden ser privatizados ni concesionados. Además, dijo que todas las instituciones tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Señaló que el funcionamiento de la Gestora Pública se rige por lo establecido en la Ley 065. Insistió en la importancia de tener una visión institucional y legal para evitar discusiones basadas en suposiciones inexistentes o escenarios hipotéticos.

Cuando se plantean situaciones hipotéticas, como la posibilidad de que el Estado no devuelva los recursos correspondientes a inversiones en los bonos del Tesoro, Durán replica que tanto el marco institucional como el legal establecen claramente que esto no puede suceder. Además, recordó que, en los últimos 26 años, el Estado ha cumplido constantemente con sus

obligaciones. Por lo tanto, argumentó que proyectar escenarios basados en supuestas posibilidades no es intelectualmente riguroso.

Durán admitió que parte de la desconfianza proviene de la desinformación que circula en las redes sociales, que difunden ideas erróneas sobre un supuesto proceso de confiscación por parte del Estado. Aclaró que no existe tal confiscación y que los recursos no pasarán al Estado, ya que están establecidos como patrimonios autónomos según el artículo 6 de la Ley 065.

Explicó que estos patrimonios tienen como objetivo principal invertirse para generar pensiones y, si bien reconoció que hubo dificultades operativas durante el proceso, aseguró también que la Gestora tiene la capacidad de resolverlas.

Recordó que, desde septiembre de 2022, la Gestora estuvo operando con todos los regímenes del Sistema Integral de Pensiones, habiendo logrado atraer a 38.296 nuevos asegurados, incluyendo 5.748 trabajadores independientes que no tienen la obligación de asegurarse con tal entidad, pero que lo hicieron debido a las explicaciones sobre su funcionamiento y los beneficios que ofrece.

En mayo, los recursos que estaban en mano de las AFPS pasarán a la Gestora que, desde el 1º de junio se hará cargo de los pagos a los jubilados. Aunque persiste la desconfianza en algunos sectores, el gerente de la Gestora aseguró que se está trabajando para resolver los problemas operativos y cumplir con la administración del sistema de pensiones según lo establece la Constitución. “Hay un pequeño porcentaje de cuentas que aún no han sido migradas, se espera que se resuelva este proceso en un plazo razonable”, concluyó.

Gestora Pública apela a la Constitución para fincar su credibilidad

La Gestora Pública, que administrará los fondos de pensiones que estuvieron en manos de las AFPs privadas, arranca en medio de la desconfianza de aportantes y jubilados.