Moodys establece perspectiva negativa para la economía boliviana debido a la fragilidad económica y la incertidumbre política. Aunque mantiene la calificación de Caa1, advierte sobre los riesgos crediticios asociados con los shocks políticos internos, los riesgos fiscales persistentes y la falta de políticas efectivas para abordar los desafíos subyacentes.

Se destaca la posibilidad de un mayor deterioro del perfil crediticio soberano si no se implementan políticas macroeconómicas efectivas para revertir el debilitamiento de la cuenta externa, la posición fiscal y el crecimiento económico. Moodys también menciona los desafíos crediticios, incluida la disminución de las reservas y la producción de hidrocarburos, así como los riesgos relacionados con los eventos políticos internos.

La aprobación de la Ley del Oro y los préstamos entrantes de prestamistas oficiales se consideran factores que amortiguarán las reservas líquidas a corto plazo. Sin embargo, en el mediano plazo, la paridad del tipo de cambio con el dólar, la disminución de las exportaciones de hidrocarburos y los pagos de la deuda externa ejercerán presión sobre las reservas de divisas líquidas.

Moodys advierte sobre posibles riesgos de calificación a la baja si no se pueden evitar nuevas caídas en las reservas líquidas de divisas y si aumenta la incertidumbre política. Aunque la calificación refleja una disminución de las presiones de liquidez externa, se señala que persisten los riesgos crediticios.

Se menciona que las políticas macroeconómicas de Bolivia no han abordado proactivamente los desequilibrios fiscales y externos, y la postura fiscal del gobierno ha aumentado los niveles de endeudamiento. Sin embargo, Bolivia cuenta con una trayectoria de crecimiento económico moderado y posibilidades de obtener financiamiento concesional de instituciones multilaterales de desarrollo.

En cuanto a los bonos internacionales soberanos, se proyecta que los pagos de capital e intereses aumenten en los próximos años. En 2023 ascienden a 303 millones de dólares y se espera que aumenten a 677 millones en 2028.

Economía boliviana enfrenta perspectiva negativa según calificadora Moodys

Fragilidad económica e incertidumbre política