Esto es consecuencia de la debilidad institucional existente para un apropiado control de esa producción.

“La bonanza del oro se está traduciendo en conflictividad social, en contaminación ambiental y en beneficio económico de pequeños grupos. No se ve materializada en un beneficio real para el país”, asevera Alfredo Zaconeta, Investigador del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Comenta que, si bien en 2021 el valor de exportación de oro superó al de los hidrocarburos, los ingresos que la actividad aurífera dejó al Estado por concepto de impuestos y regalías fueron sustancialmente menores a los generados por el gas.

Las cifras son elocuentes. En 2020 la producción de oro alcanzó a 23,2 toneladas, lo que en valor representaba 1.263 millones de dólares. Debido a las alícuotas preferenciales que se aplica a las cooperativas, el pago por regalías sumó apenas 34 millones. “De poco o nada nos sirve mirar las cifras de exportación cuando todo se está quedando en manos de pocos”, remarca.

Producción

Zaconeta detalla que en 2012 se reportaba un volumen producido oro de 12 toneladas y para el 2014 alcanzó las 34 toneladas. Los siguientes años ese volumen cayó a un promedio de 22 toneladas, en 2018 subió a 31 toneladas y el 2019 alcanzó una cifra récord de 42 toneladas, nunca antes vista, ni siquiera durante la fase de operación de Inti Raymi, que era una empresa de talla mundial. El 2020 la producción bajó nuevamente a 23 toneladas y en 2021 fue en ascenso. “La cantidad de oro que se está extrayendo es brutal”, acota Córdova.

El 97% del oro que se produce en Bolivia sale exportado. India es, de lejos, el principal consumidor, habiendo desplazado a EE.UU.

Un estímulo para el boom aurífero fue la elevada cotización del metal precioso que ha venido registrando precios históricos. En 2019 el valor promedio era de 1.393 dólares la onza troy. La gestión 2020 cerró con una cotización de 1.770 dólares y su valor en 2021 osciló en 1.800 dólares. Su precio este año sigue en ascenso y ya superó los 1.900 dólares tras los sucesos de Ucrania. “Son las cifras más altas de este siglo”, comenta el especialista del Cedla.

Ese comportamiento se ha visto impulsado por la reactivación económica de China y por la demanda de los países asiáticos. Durante y después de la pandemia, como sucede en toda emergencia, el oro fue el refugio para ciertas economías y capitales, lo que explica que su precio se disparara.

“El incremento del precio del oro ha motivado a la intensificación de la producción. Hubo un crecimiento desmedido de operadores mineros, cooperativistas, que no dejan impuestos, apenas una regalía mínima y el factor ambiental que juega en contra de lo que viene a ser el beneficio del país”, anota Zaconeta.

Cooperativismo

El cooperativismo tiene el monopolio de explotación aurífera con una participación superior al 94%. No hay una empresa estatal que realice operaciones y el sector privado redujo considerablemente su presencia, sobre todo tras el cierre de las empresas Inti Raymi y Paitití.

La actividad aurífera en Bolivia conlleva varios problemas, explica Héctor Córdova, Analista del sector minero de la Fundación Jubileo. La mayor parte de las cooperativas carece de licencia ambiental, lo que constituye una ilegalidad. Muchas de ellas están asociadas a empresas privadas (chinas o colombianas), pese a estar prohibido por ley. Hay áreas donde no se permite ni siquiera el ingreso de las autoridades.

Pagan menos impuestos y regalías de lo que deberían y con frecuencia no pagan en los departamentos y municipios donde operan, lo que va en desmedro de esas instancias.

El oro debería pagar la regalía más alta: 7% del valor bruto de las ventas. Pero se hace una excepción con las cooperativas por tratarse de yacimientos supuestamente marginales operados a pequeña escala y con técnicas artesanales, por lo que se les cobra solo el 2,5%, pese a la evidente presencia de gigantescas maquinarias y a operaciones en gran escala.

Las empresas mineras están gravadas con el 37,5% sobre sus utilidades (25% común a toda empresa y 12,5% adicional por las elevadas cotizaciones de los metales). Las cooperativas están exentas de ese 12,5% añadido. Sin embargo, no pagan ni el 25% porque no llevan una contabilidad formal, argumentando que son pequeños operadores sin fines de lucro.

“Todos sabemos que las utilidades que están obteniendo las cooperativas son gigantescas. El año pasado se ha pagado en regalías algo más de 70 millones de dólares, de los 2.500 millones exportados. Vale decir que unos 2.430 millones han ido a parar al bolsillo de particulares, cuando eso debería haber sido repartido entre todo el pueblo boliviano”, puntualiza Córdova.

Otro tema de preocupación está relacionado con el daño al medioambiente a raíz del intensivo uso de mercurio. Hay resistencia a la aplicación de técnicas menos contaminantes y al mercurio reciclado. Además, los volúmenes importados de mercurio no tienen relación con la producción local de oro lo que hace presumir que parte del mercurio importado sale de contrabando hacia Perú y Brasil donde su comercialización está prohibida.

Todo lo descrito, unido a la masificación del sector cooperativo y a su alianza política con el MAS, hacen evidente la debilidad institucional de los organismos encargados de ejercer control sobre la explotación aurífera.

Soluciones

Ambos especialistas proponen soluciones para mejorar los controles de la explotación aurífera y coinciden en que se requiere una acción urgente desde una mirada integral.

“No vamos a poder hablar de un beneficio real del oro para Bolivia si es que no se llega a discutir una Ley y una política para el oro y con un beneficio real para Bolivia. Por debilidad institucional del Estado, no se está aprovechando la bonanza del oro”, afirma Zaconeta.

Explica que desde el Cedla se planteó la aprobación de una Ley propia del oro para definir lo que se debe hacer con ese producto y en beneficio de quién. “Nos está yendo mal en el aspecto tributario, en el componente ambiental y en determinar el tipo de capital que queremos que llegue para la inversión del oro. Ves muchas falencias. A eso hay que sumarle lo del contrabando, la conflictividad social, la permisividad de las licencias para operar”.

Lamenta que los dos intentos por regular la actividad del oro fracasaron por presiones de los cooperativistas. En uno se pretendía controlar el uso del mercurio y en otro se quería centralizar la compra de oro para fortalecer las reservas internacionales.

Córdova plantea que todas las cooperativas tengan licencia ambiental y que se defina una única escala para la regalía del oro que, además, debe ser actualizada pues fue definida cuando el metal precioso registraba una cotización inferior a la actual. Para los operadores más pequeños se puede contemplar un apoyo estatal.

Para lograr el pago del Impuesto a las Utilidades, sugiere que el Estado trabaje con costos presuntos, en función de los cuales se calcula la utilidad presunta en relación a la cual se paga el impuesto.

La comercialización del oro debería centralizarse en una única entidad estatal, anulando la comercialización privada y, paralelamente, descentralizarse el control de esa comercialización para que esté a cargo de las gobernaciones y los municipios, lo que favorecería a esas entidades que son las directamente beneficiadas con la regalía.

Finalmente, corresponde insistir en la aplicación de tecnologías alternativas para disminuir la contaminación con mercurio.

EL AUGE DE LA EXPLOTACIÓN DEL ORO ES EL BOOM QUE DEJA MIGAJAS AL PAÍS

El auge que experimenta la explotación aurífera representa para Bolivia una bonanza poco aprovechada, pues sus beneficios apenas favorecen al Estado.