Si bien el retiro de aportes puede favorecer algunas necesidades de los aportantes, no queda claro su aporte real a la reactivación económica nacional pues es muy probable que sea empleado en emprendimientos vinculados al comercio de bienes importados.

Las Cámaras de Senadores y Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el contenido del proyecto de Ley 078 que dispone el retiro voluntario de aportes previsionales bajo tres modalidades: hasta el 15% para los ahorros de hasta 100.000 bolivianos; devolución de 15.000 bolivianos para los depósitos mayores a 100.000 bolivianos y la devolución total para los ahorros inferiores a 10.000 bolivianos.

La norma “tiene un doble efecto: por una parte reduce capital y por otra parte deja de percibir rentabilidad sobre ese capital que se ha retirado”, explicó Armando Álvarez, analista económico y financiero, tras señalar que es importante tomar conciencia sobre este impacto pues “alrededor del 50% del saldo acumulado proviene de la rentabilidad”, y el resultado será la reducción de las rentas de jubilación y la menor posibilidad de acceder a una pensión razonable.

Es muy probable que algunos aportantes pretendan acceder a la pensión solidaria, aunque existen dudas sobre la sostenibilidad de esa pensión en el tiempo. Tampoco queda claro si los beneficiados con la devolución quedarán o no cubiertos por el riesgo común o profesional o si perderán ese beneficio.

“El gobierno debiera dejar absolutamente en claro a cada afiliado cuales son los efectos que va a tener por retirar los recursos de su cuenta individual” remarcó el entrevistado.

“Cuándo sacamos estos recursos estamos atentando a nuestra propia jubilación. En la medida que no sea estrictamente necesario, yo recomendaría que no lo saquen”, sugirió el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Se estima que el universo potencial de aportantes que puede beneficiarse con la medida alcanza a 1,4 millones de afiliados (de un total de 2,4 millones) e involucraría un monto de entre 600 y 700 millones de dólares. Esto muestra la cantidad de afiliados que podrían ver afectadas sus rentas de jubilación en caso de que todos los habilitados para la devolución hicieran efectivos los retiros.

Desde el punto de vista de la liquidez de las AFPs, el monto involucrado no es significativo, pues ambas Administradoras recaudan mensualmente alrededor de 140 millones de dólares. A junio pasado, su liquidez alcanzaba los 450 millones de dólares.

“Con esa liquidez y con la recaudación de algunos meses, las AFPs no tendrían problemas para cubrir esos retiros”, subrayó Alvarez al descartar que esas entidades se vean obligadas a retirar las inversiones que mantienen en la banca.

“En lo que va del año, las AFPs han sido una importante fuente de financiamiento del TGN. Hacia adelante, con el uso de la liquidez que van a hacer durante algunos meses, esa capacidad de seguir financiando al TGN se va a reducir temporalmente”, acotó.

El economista expresó sus dudas respeto el impacto real de ese potencial retiro de aportes en la reactivación de la economía nacional. Intuye que parte de los recursos servirá para la compra de alimentos, medicinas y para atender otras necesidades familiares. Otra parte será destinada a alguna actividad comercial, que genere ingresos.

“Probablemente, un alto porcentaje de esos recursos se vaya a productos importados con lo cual no van a generar realmente un beneficio en la economía nacional. Lo ideal sería que ese retiro estuviera atado a la compra de bienes nacionales”, dijo Alvarez al indicar que la compra de bienes importados incide en la balanza comercial y puede tener un efecto negativo en las reservas internacionales, en constante reducción.

EFECTOS DE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES

El proyecto de Ley que autoriza la devolución parcial de los aportes de jubilación depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones impactará sobre todo en las jubilaciones de quienes retiren esos fondos pero no incidirá en la liquidez de las AFPs ni en la rentabilidad de los fondos.