Martes , 28 marzo 2017
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IFDs culminan ciclo de 23 años

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la entrega de las Licencias de Funcionamiento a siete Entidades Financieras de Desarrollo (IFDs) se cerró un prolongado ciclo –de al menos dos décadas- en el que estas instituciones demandaron su derecho a ingresar al área de la regulación financiera en calidad de entidades sin fines de lucro con capacidad de brindar servicios integrales.

Cidre, Crecer, Diaconía, Fondeco, Fubode, Idepro, Impro recibieron las Licencias de Funcionamiento de par-te de las Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI), a la conclusión de su proceso de adecuación que se extendió a lo largo de dos años. Restan otras dos, ProMujer y Sartawi, que podrán recibirán sus licencias hasta septiembre de 2017, pues su período de adecuación se inició recién en septiembre de 2015, aunque los procesos de ambas están bastante adelantados.

La Licencia recibida les permite mantener las operaciones que ya venían desarrollando. Aún no les están permitida la captación de depósitos, pero está abierta la puerta para ello después de la evaluación que realice ASFI de las capacidades técnicas y operativas individuales de las entidades y del requerimiento específico de éstas para ofrecer servicios de captación de ahorros.

En la práctica no implica otra licencia, sino simplemente una autorización expresa para empezar a captar depósitos. Ese permiso podría demorar algunos meses, sobre todo porque las IFDs estarán abocadas inicialmente a atender temas operativos como el cambio de papelería, la instalación de letreros y los cambios de cuentas y de poderes legales, de acuerdo a su nueva denominación.

Esta primera etapa, supondrá además un proceso de aprendizaje en el cumplimiento de la normativa orientada a las entidades reguladas que implica una serie de procedimientos administrativos con los cuales deben familiarizarse.

No supone cambio alguno para los clientes de las IFDs. Lo que permanecerá inalterable, es la vocación primigenia de las IFDs de trabajar con los sectores urbanos y rurales vulnerables, con los emprendedores que desean comenzar nuevos negocios o con los jóvenes campesinos que están arrancando sus actividades productivas.

“Concluye un largo proceso de casi más de 23 años a la espera de ser reguladas y se inicia una segunda etapa en la cual deben generar todas las capacidades para continuar siendo reguladas y seguir prestando los servicios con la misma capacidad y sostenibilidad que las ha caracterizado y empezar a ofertar otros ser-vicios a la brevedad posible, que es algo que los clientes están demandando”, comentó afirmó Néstor Castro, gerente general de Finrural, la entidad gremial que congrega a las IFDs.

La ley de bancos de 1993 ya mencionaba la regulación de estas entidades a las que denominaba Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS), pero ese instrumento legal nunca fue reglamentado. La entonces Superintendencia de Bancos gestionó entonces la aprobación del Decreto 24.000 para la regulación de esas ONGs abriendo las puertas para que pudieran formar parte del paquete accionario de una Sociedad Anónima denominada Fondo Financiero Privado.

Un grupo de estas ONG no cre-yó que fuera la mejor figura y trabajó para que se las pueda regular como entidades sin fines de lucro y con capacidad para brindar servicios integrales. La Ley 393 de Servicios Financieros así lo permitió y final-mente se les pudo otorgar la Licencia de Funcionamiento tras dos años de años de encarar sus procesos de adecuación.

Castro confirma que hay muchas IFDs interesadas en recibir ahorros, sobre todo porque este servicio les permitirá ajustar costos y cambiar las fuentes de fondeo, lo que a futuro incidirá en la reducción de sus tasas de interés.

“Algunas entidades ya iniciaron procesos de selección de personal para área de captaciones y es probable que en muy corto plazo alguna de ellas presente su solicitud a la ASFI para que sea evaluada y le permitan captar depósitos del público”, indicó Castro. Estará en función de las capacidades y requerimientos de cada entidad pues manejar ahorros implica muchas responsabilidades como la habilitación de libretas, manejo de la liquidez, la incorporación de tarjetas de débito y la instalación de cajeros automáticos, entre otras cosas.

 

Además, es una demanda de los clientes, que desean tener todos los servicios concentrados en una sola entidad y no tener que acudir a otro banco a sacar dinero para pagar su crédito en una IFD.

Castro expresa sus reparos respecto a que las IFDs puedan convertirse en bancos pyme en el corto plazo, pues se sienten cómodas en el segmento donde operan. “El mercado no nos está empujando para ir para arriba sino más bien a mantenernos. La única necesidad para pasar a una figura más grande es que sus clientes requieran montos de financiamiento mayores que exijan que las entidades tengan una mayor capacidad”, anotó.

Los cambios se vienen también para Finrural. Castro indica que, en las siguientes semanas la entidad gremial obtendrá su personería jurídica otorgada por el Ministerio de Autonomías. Internamente deberá introducir ajustes para empezar a operar como asociación de entidades reguladas y deberá conformar comités especializados. Deberá además encarar una planificación estratégica para el próximo quinquenio que definirá los nuevos roles institucionales, pues ya cumplió con la labor para la que fue creada en 1993 de gestionar las Licencias de Funcionamiento para sus asociados.

Las entidades afiliadas a Finrural manejan una cartera de 4.450 millones de bolivianos, atienden a 465.000 clientes, lo que representa el 28% del sistema financiero nacional. El 73% de sus clientes son mujeres y el 50% está en las zonas rurales.

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