Martes , 25 julio 2017
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Multas tributarias desalientan la inversión empresarial

La presión impositiva que ejerce la administración tributaria sobre los agentes privados, desincentiva al sector productivo, por lo que sería deseable no sólo la reducción de sanciones y la revisión de las ya aplicadas, sino la implementación de planes de pago y condonaciones para no estrangular al empresariado que produce y genera empleo.

Los agentes económicos se han visto afectados en el último tiempo por sanciones tributarias, de diversa índole, por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, que parecerían estar motivadas a compensar la disminución de ingresos fiscales por la caída de los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, la autoridad tributaria rechaza el supuesto amedrentamiento, menos la intencionalidad, y argumenta que se limita a “cumplir sus funciones”.

Brigadas de funcionarios del SIN visitan los negocios a objeto de encontrar el más mínimo error que justifique la aplicación de multas económicas. El incumplimiento de algún plazo,  la falta de un documento, un cambio no reportado de dirección, son los errores más frecuentes, objetos de sanción. Los contribuyentes se quejan por lo difícil que es el acceso a la plataforma del SIN –lo que dificulta el llenado y presentación de formularios- y por las constantes modificaciones a la  normativa  tributaria.

La enorme presión que aplica el Servicio de Impuestos Nacionales con cobros de intereses, multas, reposiciones, pago por gravámenes que estarían contemplados en el Impuesto a las Transacciones, además de los sucesivos cambios en Resoluciones y normativas, desalientan la actividad empresarial, señaló Ezequiel Paniagua, presidente de la Cámara de Contadores de Bolivia.

“Los centros empresariales tienen que cubrir los altos costos de las medidas impositivas, que llegan hasta el 40% de sus utilidades”, anotó Paniagua, al acotar que “el empresario se ve afectado por una serie de erogaciones adicionales, no sólo referidas a los impuestos, sino también a salarios y otros beneficios sociales, que elevan sus costos”. Paniagua califica de “excesivas”, las sanciones del SIN, por lo que sugiere revisarlas.

El experto explicó que el contribuyente no se niega a pagar los impuestos, gravámenes o multas, sólo pide que las mismas no sean exageradas y no caigan en las espaldas del sector empresarial, por- que provoca su descapitalización.

Fernando Dehne, presidente de  la  Federación de Empresarios de Oruro (FEPO), denunció que si antes el empresario tenía miedo a los bancos, ahora teme a Impuestos Nacionales por las medidas que la entidad asume contra el sector empresarial, en lo que califica una labor de  “persecución”.

El entrevistado manifestó que la mayoría de las empresas tiene problemas con la aplicación de norma, pues se les sanciona con multas muy elevadas y en UFVs. “Muchos contribuyentes expresaron dificultades para descargar el formulario en sus última versión y en el SIN no entienden nada. Sólo se limitan a multar”, subrayó

La multa por la no presentación del formulario 605, sobre presentación de los estados financieros y documentos complementarios, dentro de los plazos establecidos por el SIN, representa el pago de 2.500 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), aproximadamente 4.400 bolivianos, para empresas naturales y unipersonales y 5.000 UFV (8.800 bolivianos) para personas jurídicas.

Explicó que ya la alícuota del 25% del IUE no constituye ninguna motivación para invertir. “Por todos lados que se quiera ver, es difícil hacer empresa en este país por la aplicación de más gravámenes”, acotó Dehne tras añadir que “los cambios impositivos provocan una mayor inseguridad a las inversiones poniéndolas al borde de la descapitalización”.

Cuestionó que no se procedca con la misma rigurosidad con el sector informal para obligarlo a salir del Régimen Simplificado (RS) e ingresar a la formalidad. Este sector, que maneja un gran mercado con grandes recursos económicos, es el que menos aporta al erario nacional, anotó

Los entrevistados opinaron que tanto el gobierno como el ente fiscalizador deben crear políticas de incentivo como condonaciones, cobros con planes de pagos, más que seguir sumando sanciones.

Los empresarios sienten que la presión que ejerce la administración tributaria con multas y sanciones desalienta la inversión.

Administración tributaria

En respuesta a los reclamos, el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN), especifica que se limita a cumplir la función encomendada de optimizar las recaudaciones mediante la administración, aplicación, recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos; la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias y la cobranza de sanciones a quienes incumplen lo que establece el Código Tributario.

“Algunos contribuyentes no cumplen con su obligación tributarias o no reconocen sus errores. Esa es la razón de las multas por diversos factores. Nuestro fin no es juzgar o ser juez y parte, pretendemos trabajar de manera más eficaz con educación tributaria” resaltó Erik Ariñez, Presidente Ejecutivo del SIN, al aclarar que a través del Departamento de Fiscalización, Impuestos Nacionales acelera los procesos de cobro.

Aclaró que el monto recaudado por multas e intereses es pequeño y que su valor no representa siquiera el uno por ciento del monto global. Dijo que si los contribuyentes no están de acuerdo con las resoluciones del SIN pueden dirigirse, mediante un Recurso de Alzada, a la Autoridad de Impugnación Tributaria.

Ariñez destacó que, a septiembre pasado, el SIN recaudó 37.894 millones de bolivianos, lo que re- presenta un crecimiento del 6% respecto al mismo periodo de la gestión 2014. El resultado es producto de las tareas efectivas desarrolladas por la Administración Tributaria en el control, seguimiento, cobranza y fiscalización tributaria, además de la generación de la cultura tributaria en la ciudadanía.

Explicó que el crecimiento de la recaudación de impuestos está dado por el mercado interno. Este año, el Impuesto a las Transacciones creció en 11%, el IVA en 7%, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas en 1% y el Impuesto al Consumo Específico (ICE) en 5%.

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