Domingo , 17 diciembre 2017
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Nueva normativa sobre regulación de la competencia y defensa del consumidor

Una de la principales obligaciones del Estado en temas económicos de mercado es la de preservar las buenas prácticas del comercio y la leal competencia de empresas y personas que participan en el mismo. Situación ésta que no surge en directa protección de los competidores sino del público consumidor, quien en definitiva se verá perjudicado o beneficiado.

En este marco, el Gobierno boliviano motivado por la situación imperante en el país, de una constante alza de precios y el surgimiento de conductas referidas a la escasez de productos de primera necesidad, y desabastecimiento ha emitido el Decreto Supremo No. 29519, con el objeto que ésta normativa sirva para regular la competencia y defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado provocando especulación sea en precios, cantidad o inclusive calidad de los productos o servicios.

Esta medida en el fondo busca evitar la acumulación del poder económico en pocas manos del sector privado, lo que comúnmente se denomina “monopolio”, con el objetivo de “maximizar el bienestar de la sociedad en beneficio de los consumidores para el acceso a los bienes y servicios a precios accesibles y calidad adecuada. Considerando a la competencia como un bien jurídicamente protegido, dicha normativa establece una serie de mecanismo tanto de control, prevención y sanción de toda conducta que intente crear monopolios, prácticas anticompetitivas o discriminatorias que atenten contra esta especie de orden público en el ámbito comercial o de mercado.

De su contenido extractamos el derecho que tienen los consumidores a gozar de la veracidad de toda información que los proveedores de bienes y servicios le ofrecen en el mercado, en sentido de considerar que si no se especifica una calidad o cantidad del producto o servicio, se presume ofrecen bienes idóneos y según lo que esperaría un consumidor razonable, donde la carga de la prueba es para el proveedor o vendedor. Aspecto que llevará a los proveedores a ofrecer productos de calidad y cantidad espectable y enmarcar su conducta a una competencia en términos de lealtad.

Entre las conductas anticompetitivas, encontraremos a las denominadas “absolutas”, que refieren contratos o arreglos que celebren entre agentes económicos competidores para elevar precios, no producir o procesar, distribuir bienes, restringir su comercio, o las destinadas a dividir el mercado en sectores, consumidores, tiempos o espacios o conductas que lleven o provoquen la no intervención en licitaciones por determinados sectores o empresas. Asimismo encontraremos otras conductas anticompetitivas, denominadas “relativas”, que buscan en concreto desplazar a otros agentes del mercado o impedirles el acceso mediante conductas tales como: imposición de obligaciones, territorios, precios, cantidad de productos, presión, ventas a bajo costo, etc.

Estas conductas serán calificadas y establecidas por la Superintendencia de Empresas, según la conducta antieconómica desplegada, las ganancias que se obtengan y la incidencia que tengan las mismas en el mercado, ello a efectos de la imposición de una sanción que puede ir desde la amonestación, multas, suspensión de las autorizaciones correspondientes, revocatoria de la matrícula de comercio, establecimiento de prohibiciones y decomisos. Las sanciones dependen de su gravedad, daño ocasionado, utilidades obtenidas, magnitud de la afectación, duración, reincidencia, etc.

Finalmente la normativa establece la posibilidad de acogerse a la situación de aceptar la responsabilidad por estas conductas y obtener el beneficio de la reducción de las sanciones que implique una sanción atenuada, siempre que se otorgue toda la información y se colabore en el establecimiento o determinación de la conducta contraria a la libre competencia.

*Abogado

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